Videovigilancia CCTV y control de accesos para comunidades en Madrid

Preguntas frecuentes sobre este servicio

• ¿Cuánto tiempo se conservan las grabaciones?

  Se suprimen como máximo en un mes desde que se graban, que es el plazo del artículo 22.3 de la LOPDGDD. La excepción son las imágenes que acrediten hechos contra personas, bienes o instalaciones: esas se conservan y se ponen a disposición de la autoridad competente dentro de las 72 horas siguientes a tener conocimiento de la grabación.

• ¿Quién puede ver las grabaciones?

  Solo el personal autorizado por la comunidad, normalmente el presidente y el administrador de fincas, con acceso restringido y registrado.

• ¿Puedo ampliar el sistema más adelante?

  Sí, el proyecto se diseña pensando en poder añadir cámaras o puntos de control de acceso sin sustituir el sistema completo.

• ¿Qué pasa si una cámara deja de funcionar?

  Se trata como una avería prioritaria, no como mantenimiento ordinario: un técnico revisa el fallo del equipo en menos de 24 horas laborables.

• ¿Cuánto cuesta instalar CCTV en una comunidad?

  Depende del número de puntos de acceso, cámaras y del tipo de control de acceso que se instale. Diseñamos el proyecto según los accesos reales de cada edificio y preparamos un presupuesto cerrado.

• ¿Cómo se asignan las tarjetas o códigos de acceso?

  Cada tarjeta o código queda asociado a una vivienda y, si la comunidad lo pide, a una franja horaria concreta, por ejemplo para limitar el acceso del personal externo a las horas contratadas.

• ¿Con qué frecuencia se revisan las cámaras y grabadores?

  Con la frecuencia que se fije en el contrato de mantenimiento; por defecto proponemos una revisión trimestral, sustituyendo los discos de grabación antes de que fallen por desgaste, para detectar el problema antes de que la comunidad note que llevaba semanas sin grabar.

• ¿Las cámaras cumplen con la protección de datos?

  Sí. La instalación se señaliza, la ubicación de las cámaras evita la vía pública y los espacios privativos, y la conservación se ajusta al artículo 22.3 de la LOPDGDD. El responsable del tratamiento sigue siendo la comunidad, que es quien debe informar a los vecinos y atender sus derechos; nosotros actuamos como encargado.